Una nueva tasa municipal se aplica desde mayo de 2016, grava las mudanzas y grúas con un mínimo de 86,31 euros, solo por autorización burocrática de la actividad y unos tres euros por metro cuadrado la ocupación de la vía pública por parte de los vehículos, al margen del importe si ha de intervenir en algún momento la policía local.
Si alguien contrata una plataforma para trasladar un sofá que no pueda bajar a la calle en ascensor pagará unos 100 euros de servicio. Pero desde mayo de 2016 tendrá que agregar 86,31 por cada tramitación que solicite o calle de su domicilio, más una cantidad variable según los metros de ocupación de calzada o acera (tanto en el domicilio de recogida como de entrega, si es el caso), más otros 45,39 euros por agente y hora diurna si fuera necesario que intervenga la Guardia Urbana para supervisar el tráfico. El resultado es que ese servicio puede suponer al cliente pagar unos 220 o 250 euros, según metros ocupados (Urbana aparte), por lo que antes costaba 100 o como mucho agregaba un control de la Guardia Urbana que se solía facturar solo en un hora.
El efecto inmediato ha sido la reducción del volumen de trabajo legal para muchas empresas y autónomos, lamenta Pedro José López, de Europlataformas y presidente de la Asociación de Plataformas y Mudanzas de Catalunya.
En paralelo, la Asociación de Mudanzas de Catalunya y de la patronal de transporte Transcalit, se han reunido con el Ayuntamiento de Barcelona para expresar su malestar. El propio ayuntamiento se ha dado cuenta del conflicto que ha generado la medida impositiva. Eugeni Mañes, secretario general de Transcalit, señala que fueron informados de que la tasa se replanteará de cara a las ordenanzas fiscales del 2017. Pero el colectivo está pendiente de algún ajuste inmediato.
Tasa Pendiente de Ajustes
Fuentes municipales explican que la nueva tasa se aprobó para «cubrir el coste de los gastos generados por las tareas técnicas y administrativas que supone la tramitación de la autorización de la ocupación de vía pública que hasta entonces era asumido por el ayuntamiento». Visto el rechazo frontal del sector, en la reciente reunión los representantes del consistorio de Gerencia de Seguridad y Prevención se comprometieron a «estudiar la posibilidad de reducir el índice de cobertura de la tasa, pasando del actual 90% del coste total del servicio al 40%. Se traduciría en una tasa de 38 euros». Sería una medida transitoria hasta negociar la fiscalidad del 2017.
La tasa afecta también a cualquier particular que haga un traslado de muebles o mudanza por su cuenta si ocupa la calle para ello. La única exención es en el caso de que el profesional de transporte haga la carga y descarga (habitualmente en los chaflanes) en las zonas autorizadas para ello sin exceder de media hora. Algo poco viable si es un gran volumen y queda lejos del portal que ha contratado el servicio.
En una mudanza grande, con muchos volúmenes y horas de trabajo, puede suponer el 25% del coste del servicio total, lo que ha incrementado notablemente el valor del traslado.
Esta tasa también genera competencia «desleal» ya que los transportistas ilegales (que operan en el entorno de muchas tiendas de muebles y bricolaje) no piden estos permisos a sabiendas de que si les pillan in fraganti no hay empresa a la que embargar con multas. El colectivo se queja de que la medida fue aprobada en diciembre pero no se les comunicó explícitamente pese a que el sector forma parte del Pacto de la Movilidad en Barcelona. En mayo, cuando se empezó a aplicar, «ya era tarde para impugnarla».
Pero la nueva asociación de afectados reclama que mientras se discute el futuro gravamen se elimine el actual, que consideran «abusivo, desproporcionado y que pone en peligro a empresas y puestos de trabajo».
Fuente: www.elperiodico.com
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